Cd. Victoria, Tamaulipas.- Humberto Prieto Herrera, presidente de la Diputación Permanente del Congreso, sostuvo que Ismael García Cabeza de Vaca no es tan importante como para hacerle una ley exclusiva que impida su llegada a la próxima Legislatura, además de que negó que con la reforma a la Ley Interna se vaya a blindar a la actual presidenta de la Junta de Gobierno Úrsula Salazar Mojica.
Insistió en que el punto nodal de la iniciativa dictaminada la semana pasada y que será votada hoy en el pleno, es homologar la reglamentación estatal con la federal para credencializar a los diputados electos antes de que ocurra la toma de protesta el próximo 30 de septiembre.
«Nos piden credencial para cualquier trámite, cómo no vamos a solicitar que se vengan a identificar para una toma de protesta del Poder Legislativo», inquirió.
En este sentido, sobre uno de los puntos de la iniciativa que establece que se podrán ejecutar órdenes judiciales en el recinto legislativo previa autorización, aseguró que desconocían que García Cabeza de Vaca tenía órdenes de aprehensión pendientes de ejecutarse.
«El señor solito dijo ayer que tenía órdenes de aprehensión, que tome cartas en el asunto, nosostros estamos simplemente dando transparencia a nuestros procesos, en este caso el proceso protocolario para la toma de protesta», dijo.
Por otro lado, Prieto Herrera aseveró que la iniciativa en cuestión no pretende blindar la actual presidenta del Congreso, luego de que hace dos años le fue abierto un expediente por presuntos hechos de corrupción e iniciado un proceso de desafuero que finalmente no prosperó.
«De ese proceso en específico se llevó a cabo hace dos años aquí con la Instructora, ya no se dio seguimiento por parte de las instituciones pertinentes y entonces nosotros tenemos que darle trámite y cerrarlo, eso ya se está viendo el tema de cómo cerrarse, nosotros cumplimos, le dimos vista, hubo debates», dijo.
De esta manera, refirió que la reforma en cuestión no es «un balazo en el pie» porque el fuero constitucional se hizo para proteger a los legisladores de cualquier abuso de autoridad y no para proteger delincuentes.