La resolución fue notificado de manera pública en conferencia de prensa de este lunes por el secretario del ayuntamiento, Juan Ángel Martínez Salazar; por Imelda Mangín, segundo síndico y representante legal del ayuntamiento;  el secretario de Contraloría y Transparencia, Enrique Álvarez del Castillo; Roberto Maldonado, director Jurídico; y Martín Lozano Méndez, asesor Jurídico de esta Administración Municipal, éste último a través de la plataforma zoom.

Se mencionó que se trata de una acción directa en contra de todo acto de corrupción, y que la resolución emitida por el Poder Judicial del Estado, es una acción de combate contra la corrupción y contra ex funcionarios municipales que cometieron presuntos actos  ilícitos en perjuicio de la ciudad.

“Contrario a lo que han publicado ciertos medios de comunicación, las pruebas que aportaron los imputados no fueron suficientes, aptas ni idóneas para que el proceso no siguiera su curso. Los delitos que se atribuyen a los ex funcionarios de la administración municipal pasada son, ejercicio ilícito del servicio público previsto y sancionado en los artículos 209 fracción quinta y 211 párrafo segundo del código penal vigente en el estado”, señaló Martínez Salazar.

De ser declarados culpables por el ejercicio indebido del servicio público, la sanción por aplicar contra esos ex servidores públicos sería de tres a siete años de prisión, además de la inhabilitación para desempeñar algún cargo o comisión pública durante cuatro a siete años.

Por el uso ilícito de atribuciones y facultades previsto y sancionado por los artículos 222 fracción primera inciso D y fracción tercera y artículos 223 fracción segunda del código penal vigente obtendrían una sanción de 10 a 20 años de prisión.

“Nosotros queremos seguir en el camino de la Ley para que sean los jueces, el tribunal de justicia fiscal quienes resuelvan conforme a derecho y que se haga justicia”, recalcó el secretario del Ayuntamiento.

En la conferencia, Martínez Salazar dijo que se decretó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria estableciéndose como fecha de vencimiento el 21 de agosto del presente año.

Por su parte Martín Lozano Méndez, asesor jurídico de la administración municipal, mencionó que los hechos que ya resolvió un juez de control fueron validados judicialmente y considerados como hechos de corrupción.

Precisó que el juez decidió imponer tres medidas cautelares al ex presidente municipal de la pasada administración Enrique “N” para que el proceso no se interrumpa a consecuencia de una evasión.

Indicó que la primera de ella lo obliga a firmar cada viernes de cada mes por el tiempo de duración del proceso, la segunda es la presentación de una garantía económica por la cantidad de 100 mil pesos y la tercera es que no puede abandonar el Estado ni salir al extranjero sin autorización judicial.

Por otro lado, el secretario de Contraloría y Transparencia, Enrique Álvarez del Castillo, abundó que hay 185 carpetas activas, de las cuales 128 se encuentran en periodo de investigación, 36 en la etapa de sustanciación.

Recientemente el cabildo de Nuevo Laredo aprobó por unanimidad un exhorto al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas para que le dé seguimiento a las denuncias presentadas por parte de la Administración Municipal.

Así el gobierno municipal de Nuevo Laredo cumple con la ciudadanía de brindar una administración en la que no se tolerarán actos de corrupción, por lo que se dará el seguimiento adecuado para que se esclarezcan los hechos y se le devuelva a Nuevo Laredo lo que en su momento se le despojó injustamente.