La demanda de garantías la promovió la firma Trusan & Roma Abogados, ante un juzgado en materia administrativa de la Ciudad de México, quien en los próximos días determinará si acepta a trámite el amparo y concede la suspensión a los quejosos que obligaría al gobierno federal a frenar por el momento dicha norma.

El despacho de abogados es el mismo que en marzo pasado representó a 147 trabajadores del Instituto Nacional Electoral (INE), quienes presentaron la primera demanda de amparo contra el conjunto de normas del plan B de la Reforma Electoral.

De acuerdo los abogados, que dieron a conocer la información en redes sociales, los recursos que eliminó el gobierno federal representan derechos adquiridos para los empleados del PJF, entre ellos jubilaciones o servicios médicos complementarios, así también recursos para la implementación de reformas constitucionales en materia penal y de trabajo.
Estimaron que a más tardar el próximo viernes les concedan la suspensión de las normas que se impugnaron a favor de los empleados.