Ciudad de México. Víctimas de la violencia armada, activistas, fiscales estadunidenses y cinco países caribeños, entre otras instancias, apoyan la apelación presentada por el gobierno mexicano en un tribunal de EU para que avance su demanda en contra de los fabricantes de armas de ese país.
México demandó el año pasado a empresas de armas estadounidenses cuyas prácticas negligentes e ilícitas alimentan activamente el tráfico de armas. El 14 de marzo, el gobierno mexicano presentó por escrito su apelación a la sentencia emitida por la Corte de Distrito de Boston, Massachusetts, que determinó que una ley de inmunidades en Estados Unidos protege a las empresas manufactureras de armas en ese país, aun cuando sus conductas causen un daño en México.
Conforme a la legislación estadounidense, cualquier persona o entidad con interés en que la acción legal del gobierno de México avance contó con siete días para presentar un escrito de “Amigos de la Corte” para manifestar a los juzgadores la relevancia del caso; resaltar el impacto positivo que tendría para Estados Unidos, México y el mundo un comercio responsable de armas, así como pronunciarse sobre el derecho aplicable, indicó Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en un comunicado.
Resaltó que “en una clara muestra de apoyo a los esfuerzos del gobierno de México” se han presentado nueve escritos de “Amigos de la Corte” firmados por fuerzas del orden estadounidenses, entre los que se encuentran un excomisionado de Aduanas y Protección Fronteriza y jefes de policía de ese país, que destacaron que las armas traficadas a México han causado una crisis de seguridad en ambos lados de la frontera.
Otro texto fue firmado por procuradores de 17 estados de la Unión Americana, que cuestionaron la ley federal que otorga inmunidades a la industria de armas (PLCAA, por sus siglas en inglés); uno más por 24 fiscales de distrito estadunidenses (incluyendo Arizona), quienes señalan que las armas traficadas facilitan el flujo de sustancias ilícitas hacia Estados Unidos, causando daños a sus comunidades.
Además, los gobiernos de Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Jamaica, y Trinidad y Tobago, así como una coalición de organizaciones en favor del desarme, presentaron otro documento, en el que expresan la correlación entre la presencia de armas estadounidenses en América Latina y el Caribe, y el nivel de violencia, homicidios, tráfico de drogas y otros delitos en la región.
Especialistas en litigios transfronterizos y derecho internacional firmaron otro texto y uno más fue presentado por juristas mexicanos.
Activistas, víctimas de violencia armada y organizaciones de la sociedad civil de ambos lados de la frontera también se pronunciaron en dos escritos por una interpretación del derecho en favor de la posición de México.
“El gobierno de México se enorgullece de liderar acciones que se traducirán en mayor seguridad, y agradece esta abrumadora muestra de apoyo proveniente de múltiples actores de todas las regiones del mundo”, dijo la SRE.