Durante un foro organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, subrayó que en la actualidad este ámbito no significa “una dimensión problemática” para México, por lo que no hay una necesidad real de llevar a cabo ninguna reforma.
Si dicha modificación no ocurre, “no nos va a pasar nada, porque ya hay un sistema electoral que funciona”, y aunque es susceptible de mejorar, hoy ya garantiza los derechos políticos de los ciudadanos.
Córdova señaló que es preferible que la reforma propuesta por el Ejecutivo no se lleve a cabo si no cumple con diversas condiciones, entre ellas que genere consensos amplios entre las diversas fuerzas políticas, que realmente sirva para mejorar el sistema de elecciones y que sea producto de “diagnósticos adecuados, no de caprichos, rencores, filias o fobias”.
En ese sentido, destacó que la iniciativa de reforma de López Obrador tiene una serie de características “inéditas”, como por ejemplo que es la primera “presentada desde el poder”, y no desde la oposición, así como proponer la desaparición de los organismos electorales locales y que los consejeros del INE sean nombrados en votaciones abiertas a todos los ciudadanos.
De igual forma, subrayó que aunque se pueden hacer ajustes en diversos aspectos del sistema de financiamiento a los partidos políticos y a los procesos electorales, el aparato que el país ha creado para sustentar dichas tareas “no es caro”, por lo que la lógica de “abaratar” sus costos no se justifica y puede resultar contraproducente.
Por su parte, el investigador Jaime Cárdenas, ex consejero del desaparecido Instituto Federal Electoral (IFE), señaló que aunque la estructura del INE “sí representa un costo importante” cuyos recursos “seguramente algunos sectores de la población pensarían que deben destinarse a otros fines”, el funcionamiento de dicho aparato requiere de fondos suficientes.
Según el también investigador del IIJ, una de las iniciativas más “polémicas” de López Obrador es que sólo se financien las campañas de los partidos políticos, pero no sus gastos ordinarios, y aunque coincidió en que ambos aspectos podrían reducirse, advirtió que el riesgo de ello es que haya “dinero negro” proveniente de donantes privados, incluido el crimen organizado.
Jacqueline Peschard, ex consejera ciudadana del IFE, alertó que la iniciativa presidencial de reforma en este terreno no busca perfeccionar la democracia o el sistema de representación, ni tampoco busca mayor pluralidad, sino “concentrarse en la representación de las fuerzas políticas mayoritarias y dejar fuera a las minoritarias”, cuando debería buscarse un mayor equilibrio entre ambas.
Lamentó que la propuesta no va en el sentido de reforzar la autonomía de las autoridades electorales, sino que incluso busca instaurar la elección popular de los consejeros en la materia, lo cual es un “despropósito”.
Según Peschard, “la fórmula no es cortar (recursos), sino darles racionalidad y que sean mucho más equilibradas algunas sumas que son francamente ofensivas. Existe la percepción generalizada, pero muy simplista, de que el sistema electoral es caro, cuando en realidad no lo es”, por lo que el “abaratamiento” de ese aparato no es la salida.
Un ejemplo de ello, dijo, es que en este se destinarán 18 mil 465 millones de pesos al sistema electoral, de los cuales la tercera parte va para financiar a los partidos políticos y el 27 por ciento están “etiquetados” para elaborar el padrón electoral y las credenciales para votar.