Cuatro meses después de la denuncia por diputadas del PRI, el Tribunal Electoral obligó a Layda Sansores a emitir disculpas y omitirse de mencionar el tema en el ‘Martes del Jaguar’.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó este miércoles 23 de noviembre que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, sí ejerció Violencia política en razón de género contra diputadas del PRI.
Dicha falta se acredita, según la sentencia, tras la denuncia que promovió la diputada Paloma Sánchez, por pronunciamientos que Sansores hizo el 5 de julio pasado en el programa Martes del Jaguar.
Ahí la gobernadora dijo contar con fotografías de connotación sexual de legisladoras del PRI, mismas, agregó, se hicieron llegar, vía WhatsApp al líder del partido tricolor, Alejandro ‘Alito’ Moreno.
La y los magistrados dijeron que sí se acredita la violencia política en razón de género contra las legisladoras del PRI ya que lo dicho por Sansores pretende posicionar un estereotipo de la mujer subordinada a su dirigente nacional.
Esto, agregaron, al señalar que tuvieron que enviar las fotografías de connotación sexual al líder priista para que éste le permitiera acceder a sus cargos.
Por ello, se ordenó una serie de acciones de reparación como son la eliminación de las redes sociales de cualquier mensaje con el pronunciamiento de Sansores, quien, además, debe abstenerse de hacer nuevos pronunciamientos similares.
Además, debe emitir una disculpa pública de propia voz en el programa Martes del Jaguar y a través de sus redes sociales. Estos últimos mensajes debe mantener cuando menos por un periodo de 10 días naturales.
También se ordenaron medidas que deben ser acatadas por la empresa Facebook, administradora de WhatsApp, con el fin de que amplíen sus medidas para identificar la violencia política en razón de género y denuncie este tipo de actos ante las autoridades electorales.
La sentencia se tomó por mayoría de cuatro votos y el voto en contra de la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, quien pidió reencausar el caso a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, para que se juzgue mediante un proceso especial sancionador.