El Pleno del Senado aprobó la reforma para ampliar las facultades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en materia de inteligencia y coordinación del Gabinete de Seguridad Federal
En el dictamen aprobado se le da a la SSyPC la capacidad para generar investigaciones en materia de delitos y dar cumplimiento de órdenes de aprehensión, a fin de coadyuvar con la Fiscalía General de la República (FGR) en esas tareas.
Se aprobó la modificación al Artículo 21 Constitucional y las nuevas atribuciones de la SSyPC, a cargo de Omar García Harfuch “permitirán la colaboración y coordinación en materia de seguridad”, para consolidar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.
“Además de fortalecer la colaboración y coordinación en materia de seguridad pública, se mejorará la calidad de la actuación de las instituciones integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las cuales serán dirigidas y coordinadas por la SSPC.
“Desarrollará e implementará, además, políticas públicas en materia de información estratégica e inteligencia aplicada a la seguridad pública”, plantea la enmienda constitucional.
La reforma aprobada deja en claro que la SSyPC es la encargada de coordinar el Sistema Nacional de Inteligencia en materia de Seguridad Pública, y de liderar las acciones conjuntas entre los tres órdenes de gobierno a través de sus corporaciones.
“Las que deberán proporcionarle la información de que dispongan en la materia. Podrá solicitar información a las instituciones y dependencias del Estado para identificación y esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delitos”, se apunta en el dictamen aprobado.
El Artículo 21 Constitucional se modifica también para garantizar el control y vigilancia efectivos de los fondos federales destinados a la seguridad pública, como garantía de un buen gobierno para la población.
Y establece la existencia del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como sus atribuciones generales para emitir acuerdos y lineamientos, la realización de acciones que homologuen estándares de actuación, y la coordinación y concurrencia eficiente entre los tres órdenes de gobierno.