El motivo de presunta infracción del mandatario es porque pidió votar para que la fuerza política que representa alcance mayoría calificada en el Congreso y pueda aprobar así reformas constitucionales; a esto le llamó Plan C.
“Se propone vincular al Presidente de la República que se abstenga de realizar expresiones y declaraciones de índole electoral, en especial, llamamientos al voto de partidos políticos y/o movimientos, así como utilizar los espacios de comunicación oficial y aprovechar las funciones inherentes a su cargo con fines político-electorales”.
Así se establece en el proyecto elaborado por la magistrada Janine Otálora con el objetivo de revertir la determinación de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) la cual no ordenó el retiro de fragmentos de la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional del 9 y 11 de mayo pasado en donde el mandatario habló del citado Plan C.
Dos de los tres consejeros del Grupo dijeron que el mandatario no afectó el proceso electoral en curso en el Estado de México y en Coahuila.
Ahora la magistrada considera que la Comisión de Quejas no hizo un análisis exhaustivo, contextual y debidamente motivado.
Un análisis preliminar de esta ponencia del TEPJF advierte que el mandatario llama a no votar y votar por opciones políticas “por lo que sí se justifica el dictado de medidas cautelares para garantizar los principios de imparcialidad y neutralidad como ejes rectores de los procesos electorales”.
El origen del proyecto es la denuncia de dos partidos políticos (PAN y Movimiento Ciudadano) y un ciudadano para contravertir la resolución del INE porque en su opinión el Presidente López Obrador pidió votar en la próxima elección no solo por el candidato presidencial sino por los legisladores para que la transformación cuente con mayoría calificada.
Esta percepción fue avalada por la magistrada Otálora quien someterá a consideración de sus colegas la propuesta en los próximos días, posiblemente en una sesión privada.
En el proyecto se destaca que existe un especial deber de cuidado del titular del Poder Ejecutivo respecto de las expresiones que emite con motivo de sus funciones.
Hace señalamientos también del uso de la mañanera, esto es, del ejercicio de comunicación de transparencia y rendición de cuentas. “Por el contrario – añade- estas pudieran afectar la equidad en la contienda electoral o influir en las preferencias de la ciudadanía”.
Antes, en la sesión pública de ayer, la Sala Superior del TEPJF determinó devolver al tribunal local de origen – y en otro caso a la Sala Especializada- casos relacionados con presuntas infracciones cometidas en la mañanera y, aparte, por expresiones de funcionarios públicos en un evento realizado hace casi un año, en Coahuila.