Ciudad de México. Diputadas locales del PRI denunciaron al gobernador de Nuevo León, Samuel García, por violencia política en razón de género.

Al mismo tiempo, un grupo de personas se manifestaba afuera del Instituto Nacional Electoral (INE), donde fue depositada la queja, y gritaban “¡Samuel acosador”!

La denuncia, interpuesta por Cecilia Robledo, Lorena de la Garza y Perla Villarreal, indica que han recibido amenazas, extorsiones, chantajes y presiones para que dejen el cargo o voten de determinada manera, supuestamente por órdenes del gobernador.

El documento fue recibido en la Oficialía de Partes del INE y será turnado también a la Comisión de Quejas, pues se piden medidas cautelares, en la modalidad de tutela preventiva, para que se exija al mandatario estatal frene el “hostigamiento”.

De la Garza aseguró que tienen “prácticamente un año siendo acosadas” y García ha incurrido en 30 de los 38 elementos que son considerados como violencia política.

Las legisladores dijeron que las “presiones” no son solo en contra de ellas sino de sus familiares.

Los partidos no deberían posturla a violentadores: consejera

Al mismo tiempo de la manifestación, adentro daba inicio la sesión del consejo general del INE. Más tarde, en entrevista, la consejera Norma de la Cruz, lamentó que en la víspera la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación haya eliminado el párrafo en el que el INE pedía a los partidos “valorar” si sus aspirantes a un puesto de elección popular estaban o no incluidos en el registro de personas infractoras en materia de violencia política en razón de género.

“Vemos un mensaje cruzado, porque por un lado podemos ver la manera en la que las mujeres podamos participar en ambientes libres de violencia y cuando ya tenemos un registro nacional de personas que han sido sancionadas, si bien por una autoridad administrativa, hay ahí una sentencia que esas personas ejercieron ese tipo de violencia”.

Desde el consejo del INE interpretamos de que si la persona ya ha sido condenada, los partidos políticos tendrían que revisar “qué tipo de personas quieren proponer a la ciudadanía. Acatamos lo que nos dice el Tribunal y esperamos que los partidos políticos nacionales y locales sean muy responsables a la hora de proponer candidatos a la ciudadanía y que sean intachables”.

De la Cruz recordó que si bien el registro sirve para visibilizar y ser una medida inhibitoria, hay personas que están registradas hasta con once reincidencias y estará en ese registro hasta 2028 “y uno esperaría que los partidos no lo vayan a nominar”.

Señaló que si bien la violencia política puede ser denunciada por tres vías (electoral, penal y con la fiscalía electoral), lo que hemos visto es que el mayor número de denuncias llegan al INE.

“Por eso vemos un poco lamentable, que no se considere el registro a la hora de postular. Lo que decimos es ‘échale una miradita al registro para ver si está o no está (tu candidato’. Ya sabemos que haya más de 300 personas sancionadas, hay diputadas, diputados, diputades, presidentes municipales; entonces se busca que esa lista sea inhibitoria (de las postulaciones). Y esta sentencia (del Tribunal) le resta un poco el impacto que puede tener de visibilizar; se manda un mensaje cruzado”, dijo.

Añadió que la responsabilidad de las nominaciones es de los partidos políticos, de ahí su responsabilidad de revisar que las personas propuestas sean intachables. A estas alturas, en el 2023, con la legislación que tenemos (violentadores) no son aceptables.