Esa área del gobierno federal llamó además a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a honrar la palabra dada por su presidenta, Norma Piña, de dirigir los 15 mil millones de pesos acumulados en dichos fideicomisos para el apoyo a Acapulco y Coyuca de Benítez, Guerrero, afectados por el impacto del poderoso huracán categoría 5 Otis.

Esta tarde, la CJEF consideró en un comunicado que con su decisión, el ministro Laynez Potisek interpreta que destinar esos recursos a la reconstrucción de la zona devastada afecta a la ciudadanía.

Hace unas semanas, el Congreso de la Unión autorizó la extensión de esos 13 fideicomisos al modificar la Ley Orgánica del PJF, ante lo que legisladores de oposición tramitaron una acción de inconstitucionalidad que analizó y resolvió hace unos días el ministro Laynez, al suspender la desaparición de éstos.

Ante ello, la CJEF consideró que “resulta lamentable” que aún cuando el ministro se pronunció públicamente contra las modificaciones a la ley del PJF, no se haya excusado de conocer de las acciones de inconstitucionalidad, “lo cual hace evidente su falta de imparcialidad y objetividad, requisitos necesarios en todo juzgador”.

Agregó que no es extraño que “de manera arbitraria” el ministro haya suspendido todos los efectos del decreto impugnado, sin importar que la normativa disponga expresamente que la admisión de una acción de inconstitucionalidad no puede dar lugar a la suspensión de la norma cuestionada, incluidos las disposiciones transitorias.

“Para justificar el otorgamiento de la suspensión, el ministro instructor señala que, de no detenerse la extinción de los fideicomisos, se causaría un daño irreparable al derecho de acceso a la justicia de la ciudadanía, lo cual resulta falso porque la función jurisdiccional está garantizada con los recursos del Presupuesto de Egresos aprobado por la Cámara de Diputados”, subrayó la CJEF.

Remarcó que en su determinación, Laynez “afirma indebidamente que los fondos de esos fideicomisos son un mecanismo que garantiza la impartición de la justicia, sin los cuales no se podría realizar la función jurisdiccional. Olvida que dicha actividad del Estado se garantiza con los recursos presupuestales asignados de forma anual al PJF”.

Además, expuso, el ministro “consideró que el pago de prebendas extraordinarias a los funcionarios del PJF debe permanecer ‘inmune’ frente a la posibilidad de destinar dichos recursos públicos a la ejecución de programas que permitan cumplir el Plan Nacional de Desarrollo”.
Para la oficina jurídica del Ejecutivo esta posición “representa un acto de soberbia y falta de solidaridad institucional”. Y recordó que semanas atrás la propia presidenta de la Corte públicamente pidió analizar la posibilidad que los 15 mil millones acumulados en ls fideicomisos se destinarán para apoyar a los damnificados por Otis.

La Consejería abundó que Laynez también omitió considerar que desde 2018 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sostuvo que los fideicomisos del PJF no se apegan a los principios de austeridad y racionalidad, dada la nula utilización de sus fondos, “por lo que detectó una acumulación injustificada de recursos públicos, ya que las prestaciones laborales están garantizadas con recursos presupuestales y no dependen de los fideicomisos, como indebidamente lo señala el ministro instructor”.

Por ello, presentó ante el máximo tribunal un recurso de reclamación contra la decisión de Laynez, “ya que el propio ministro reconoce que el decreto impugnado prevé las medidas necesarias para salvaguardar los derechos laborales”.